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Abogados - Agentes de la Propiedad Industrial
Nuevo
Boletín Informativo Tributario
12 de Julio de 2004
Estimados
Clientes & Amigos:
Les informamos que a partir del mes de Julio les enviaremos quincenalmente el Nuevo Boletín Informativo Tributario preparado por nuestro Departamento de Derecho Tributario.
En
este B.I.T. se sintetizarán y analizarán las novedades legislativas,
jurisprudenciales y doctrinarias en materia fiscal que, confiamos, les será
de suma utilidad en el desarrollo de vuestras actividades.
Nuestros especialistas del Departamento de Derecho Tributario están a su entera disposición a fin de atender cualquier consulta que deseen efectuar.
Los saluda atentamente,
Dr. Tomás Wilson-Rae
G.Breuer
Abogados
Departamento
de Derecho Tributario
Tel:
+54 11 4313-8100
Fax:
+54 11 4313-8180
E-mail:
twilsonrae@gbreuer.com.ar
Nota: Este es un servicio que proveemos a nuestros Clientes & Amigos. La información aquí contenida, de carácter general, es correcta al día de su publicación y no deberá ser considerada asesoramiento legal.
Boletín
Informativo Tributario
12 de Julio de 2004
A
fines del mes de abril de este año, la justicia en lo contencioso
administrativo dictó dos fallos que resolvieron los reclamos de dos
tenedores de Certificados de Crédito Fiscal creados por el decreto
1.226/01 (B.O. 03/10/2001).
1.
Planteo de la cuestión
El
Poder Ejecutivo Nacional (en adelante “PEN”), al dictar el decreto
1.226/01, planteó la necesidad de sustituir los títulos de la deuda
pública existentes en aquel momento por los CCF que creaba, cuyo régimen
general consideró más beneficioso para las arcas públicas.
En
este orden de ideas, en los considerandos del decreto 1.226/01 el PEN señaló
que “(...) la medida ha de producir un efecto económico
equivalente a una importante reducción de la carga impositiva, sin que
ello signifique costo alguno al Tesoro Nacional, ya que el costo lo
afrontan quienes venden sus títulos públicos bajo la par (y) que ello
contribuirá a contrarrestar el aumento de la carga impositiva que se
produjo en los últimos años debido al incremento de la tasa de interés
y la consecuente caída del nivel de actividad económica”.
De
acuerdo a lo establecido por dicho decreto, los CCF se emitieron
en la moneda que correspondía a los títulos sustituidos. Esto
significa que si se poseían títulos en dólares, los CCF que los
remplazaban también originaban créditos en dólares.
En
cuanto a la cancelación de los CCF, se estableció que podían ser
utilizados para hacer frente al pago de gravámenes nacionales o, en su
defecto, que a la fecha de vencimiento serían cancelados por el Estado
Nacional por la suma
que representaban.
Tanto
las normas que aseguraban el respeto a la moneda del título original
remplazado, como el régimen de cancelación fueron radicalmente
modificadas por normas de dudosa constitucionalidad dictadas a partir de
enero del año 2002.
2.
Modificación integral del régimen
Por
un lado, los decretos 410/02 (B.O. 08/03/2002) y 471/02 (B.O.
13/03/2002) dispusieron la pesificación de los CFF que, en
abierta contraposición con el decreto 1.226 que los había creado, habían
sido emitidos en moneda extranjera.
En
este sentido cabe citar al artículo 3 del decreto 410/02 que establece
que “[l]os Certificados de Crédito Fiscal emitidos en el marco de
los Decretos Nros. (...) 1.226/01, en Dólares Estadounidenses u otra
moneda extranjera, vigentes al 3 de febrero de 2002 serán convertidos a
Pesos a la relación de PESOS UNO CON CUARENTA CENTAVOS ($ 1,40) por
cada Dólar Estadounidense o su equivalente, según corresponda, aplicándose
el Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER)”.
En
cuanto a las formas de cancelación de los CCF, el decreto 1.657/02
(B.O. 09/11/2002) dispuso que por un plazo de 90 días a partir de la
fecha de publicación del mismo los CCF creados por el decreto 1.226/01 no
podrían ser utilizados para cancelar obligaciones tributarias
nacionales.
Posteriormente,
el decreto 2.243/02 (B.O. 07/11/2002) estableció un objetable mecanismo
de cancelación de los CCF. Asignó un cupo mensual de dinero al pago de
los CCF de los tenedores que hicieran una oferta de cancelación
conveniente para el Estado Nacional y que superara a la efectuada por
otros tenedores. En otras palabras, se cancelarían con fondos
provenientes del mencionado cupo los CCF pertenecientes a los tenedores-ganadores
de esta licitación en la que deberían competir los titulares de
CCF aceptando la pesificación y ofertando además una quita a su crédito[1].
Del
conjunto de estas normas surge que un titular de CCF tiene: (a)
un título pesificado, (b) que no puede ser utilizado para pagar
obligaciones tributarias y (c) que el Estado cancela sólo si, en
un proceso de competencia que enfrenta a los tenedores de CCF entre si,
oferta una quita a su crédito mayor que la que realizan otros
titulares. Todo esto a pesar de que el Estado Nacional creó y fomentó
la adquisición de CCF estableciendo condiciones diametralmente
opuestas.
3.
Las acciones de los particulares
Frente
a esta radical transformación del régimen de los CCF, los tenedores se
presentaron en la justicia interponiendo acciones de amparo y medidas
cautelares paralelas.
Mediante
la interposición de tales amparos, los titulares de CCF solicitaron que
se declarara la inconstitucionalidad de todas las normas reseñadas en
tanto que resultan violatorias del derecho de propiedad garantizado por
la Constitución Nacional. Por medio de las medidas cautelares se
solicitó que, hasta tanto se resolvieran tales amparos, el Estado
Nacional aceptará a los CCF como instrumentos válidos para cancelar
obligaciones fiscales nacionales con el valor de la moneda que
representaban.
4.
Jurisprudencia reciente
En
abril del corriente año se dictaron dos nuevos fallos relativos a las
acciones interpuestas por los particulares.
(a)
Fallo “Chacofi”, Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso
Administrativo Federal, Sala I, del 22 de abril de 2004.
Esta
resolución revocó una medida cautelar que había sido otorgada en
primera instancia por la que se había ordenado al Fisco a aceptar a los
CCF como instrumentos de pago de obligaciones tributarias.
Cabe
destacar que éste es el primer fallo de cámara que se dicta en este
sentido. La resolución se basa en el artículo 195 del Código Procesal
Civil y Comercial y en la consideración de que “(...) la cancelación
de obligaciones tributarias mediante la utilización de instrumentos que
no se encuentran presupuestariamente habilitados para tal fin se
proyecta sobre la esfera de la recaudación tributaria, y por ende, de
los recursos propios del Estado”.
Son
preocupantes los efectos que esta decisión puede desencadenar. Los
juzgados de primera instancia en general habían hecho lugar a las
medidas cautelares solicitadas. La incógnita se plantea hacia el
futuro: ¿cuáles serán las resoluciones de los magistrados de primera
instancia de ahora en adelante? ¿cuál será la tendencia que
finalmente se imponga en segunda instancia cuando se revisen otros casos
de medidas cautelares concedidas?
Si
la posición sustentada en el fallo “Chacofi” se generaliza y
revierte la tendencia que hasta ahora adoptaron los juzgados de primera
instancia, entonces los CCF no podrán ser utilizados hasta que se
resuelva el fondo de la cuestión planteada.
(b)
Fallo “Bomchil”, Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo
Contencioso Administrativo Federal Nº 4 del 29 de abril de 2004
Este
fallo, a diferencia de la sentencia de la causa “Chacofi” que
resuelve la solicitud de una medida cautelar, se pronuncia sobre el
fondo de la cuestión analizando la constitucionalidad de las normas
impugnadas.
En
este caso, el juez de primera instancia acogió parcialmente la
pretensión del titular de los CCF. Por un lado, no hizo lugar al
pedido de declaración de inconstitucionalidad de la normas que
dispusieron la pesificación de los CCF por considerar que el amparo
no es el cauce procesal pertinente. Esto no significa que haya
convalidado la pesificación, sino que consideró que esta pretensión
particular debe ser articulada en un proceso ordinario de conocimiento,
que tiene un marco de producción y valoración de prueba más amplio.
Por
el contrario, se acogió favorablemente el pedido de declaración de
inconstitucionalidad de las normas que impedían la utilización de los
CCF como instrumentos de pago de obligaciones fiscales. En líneas
generales, el juez consideró que estas normas son irrazonables,
arbitrarias y que vulneraban el derecho de propiedad del tenedor de los
CCF.
Este
fallo, que fue apelado por ambas partes, es el primer precedente
dictado que resuelve el fondo de la cuestión, y abre el camino para
que se dicten otras sentencias en el mismo sentido.
5. Conclusiones
Estos
pronunciamientos modifican el panorama jurisprudencial actual respecto
de los CCF creados por el decreto 1.226/01.
(a)
Medidas cautelares.
En general los jueces de primera instancia acogieron favorablemente las
medidas cautelares solicitadas por los titulares de CCF. Sin embargo, la
decisión de segunda instancia en la causa “Chacofi” sienta un
precedente que, de ser compartido por las demás salas de la Cámara,
puede revertir la tendencia fijada por los jueces de primera instancia.
(b)
Amparos.
El fallo de la causa “Bomchil” es el primer precedente que resuelve
el fondo de la cuestión. Esta resolución, que sólo hace lugar al
pedido de inconstitucionalidad de las normas que impiden la utilización
de los CCF para cancelar obligaciones tributarias, seguramente influirá
en otros fallos de primera instancia que resuelvan casos análogos. Sin
embargo, en tanto que el mismo está apelado, también habrá que estar atento a
la posición que tomen los magistrados de segunda instancia.
[1] El artículo 7 del decreto 2.243/02, que crea este “ingenioso mecanismo de cumplimiento”, dispone que “[l]a Secretaría de Hacienda (...), sobre la base de ofertas recibidas, asignará el cupo mensual previsto a quienes hubieren ofrecido mayor proporción de pesos, hasta completar el cupo mensual establecido para la recepción de títulos”.
1.
Introducción
La ley 24.196 (B.O. 24/05/1993) –conocida como ley de inversiones mineras (en adelante “LIM”)- y su reglamentación establecen en el país un régimen de promoción fiscal con la finalidad de fomentar la producción minera.
Este
régimen especial establece, entre otros beneficios fiscales, una exención
impositiva para las importaciones de bienes de capital e insumos
destinados a la actividad minera.
Para
adherirse beneficio mencionado, se debe cumplir con ciertos
requisitos establecidos por las normas reglamentarias. La Resolución
44/04 de la Secretaría de Minería (de ahora en más la “Resolución”)
ha modificado algunas de estas exigencias.
Cabe
destacar que la Resolución no es una norma aislada, sino el último
eslabón de una serie de normas legales y reglamentarias que han
reformado al régimen especial dispuesto por la LIM[1].
2.
El beneficio fiscal establecido para las importaciones
La
LIM establece en su artículo 21 una exención a las importaciones de
bienes e insumos que sean afectados a la producción minera.
Puntualmente se exime el pago de derechos a la importación y de todo
otro gravamen correlativo por la introducción al país de bienes de
capital, equipos especiales, componentes de tales bienes o equipos e
insumos determinados por la autoridad de aplicación, siempre que sean
necesarios para la ejecución de actividades comprendidas en el régimen
general la LIM.
Para
gozar de esta exención es preciso inscribirse en un
registro especial que está a cargo de la Secretaría de Minería –el
órgano encargado de la aplicación del régimen en general- que, además,
es quien determina los requisitos exigidos para efectuar la inscripción[2].
El
inciso m) del artículo 21 del decreto 2.686/93 –que fue reformado por
el decreto 1.089/03- determina al respecto que “[l]a autoridad de
Aplicación establecerá, mediante resolución complementaria, las
condiciones que deberán cumplir los prestadores de servicios para
productores mineros, para poder inscribirse en el Registro de la Ley y
utilizar el beneficio”.
Como
consecuencia de ello, los sujetos que no estén inscriptos en el
registro confeccionado por la Secretaría de minería o que sean dados
de baja del mismo no podrán utilizar la exención impositiva
establecida por el artículo 21 de la LIM.
3.
Modificaciones introducidas por la Resolución 44/04 de la Secretaría
de Minería
Los
requisitos exigidos por la Secretaría de Minería para registrar a un
sujeto están dispuestos por la Resolución 48/94 de la Secretaría de
Minería. La Resolución 44/04 modifica algunos aspectos de tales
requisitos.
Con
estas reformas se facilita la inscripción por parte de los sujetos
beneficiados y se regulan, con precisión y de acuerdo a las reformas
introducidas al régimen general desde el año 2001, los efectos del
incumplimiento de los mismos.
Las
reformas introducidas por la Resolución son las siguientes:
(a)
una de las exigencias establecidas es que el sujeto acredite su dedicación
principal a la actividad minera. Al respecto se considera de pleno
derecho que tal requisito se cumple si la facturación por todo concepto
de la empresa en un año calendario corresponde en no menos de 60% a la
prestación de servicios mineros.
Este
porcentaje fue modificado por la Resolución, ya que la disposición
anteriormente vigente establecía un porcentaje de 70%. Con ello se
facilita el cumplimiento de la meta legal a los fines de cumplir con
esta exigencia reglamentaria. En los considerados de la Resolución la
disminución del porcentaje exigido se justifica señalándose “[q]ue
el porcentaje de facturación por servicios mineros del orden del
SETENTA POR CIENTO (70%) se estableció en un contexto de explotación y
explotación mayor al actual, por lo cual resulta de difícil
cumplimiento y hace aconsejable fijarlo en el SESENTA POR CIENTO (60%),
porcentaje de mayor posibilidad de cumplimiento y que mantiene el carácter
preponderantemente minero de la empresa”;
(b)
en consonancia con las reformas introducidas al régimen general por la
ley 25.429 y por el decreto 1.089/03, la Resolución establece que, a
partir del momento en que se notifica a la Secretaría de Minería el
incumplimiento del requisito mencionado en el parágrafo anterior, se
suspende automáticamente el beneficio por un período de 3 años
calendarios. Este aspecto también fue modificado, en tanto que la norma
remplazada disponía la cancelación de la inscripción desde el año
calendario en el que no se alcanzaba el porcentaje en la facturación
demandado;
(c)
durante el período de suspensión, el sujeto puede acreditar que en uno
de esos años calendarios comprendidos alcanzó nuevamente la proporción
en la facturación exigida por la Resolución. A partir de ese momento
la suspensión finaliza y la exención podrá ser nuevamente utilizada;
(d)
en el mismo período, los bienes e insumos no consumidos e importados
antes del inicio de la suspensión no podrán ser utilizados en otras
actividades que no sean mineras. La violación de esta prohibición es
sancionada con la obligación de abonar los derechos y aranceles
correspondientes a la importación de los mismos que fueron objetos de
la exención;
(e)
si, una vez finalizado el período de suspensión, no se alcanza
nuevamente una proporción del 60% en la facturación entonces, a partir
de en ese momento, se decreta la cancelación de la inscripción.
Esto
también fue modificado. La norma anterior, ante el incumplimiento del
porcentual en la facturación, disponía la cesación inmediata de los
efectos de la inscripción luego de lo cual había que gestionar una
reinscripción.
[1] Desde el año 2001 se han dictado normas modificatorias del régimen, entre las que cabe destacar a la ley 25.429 (B.O. 01/06/2001) y el decreto 1.089/2003 (B.O. 09/05/2003).
Esta última disposición fue objeto de análisis en el Boletín Informativo de nuestra Firma de Junio del año 2003.
[2]
Al respecto el artículo 2 de la LIM establece que “(...) [l]as personas o
entidades prestadoras de servicios mineros y los organismos públicos
del sector minero –nacionales, provinciales o municipales- podrán
acogerse, exclusivamente, a los beneficios del artículo 21 de esta
ley, en las condiciones y con los alcances establecidos por la
autoridad de aplicación (...) Los interesados en acogerse al
presente régimen deberán inscribirse en el registro habilitado por
la autoridad de aplicación”.
En el mismo sentido el artículo 2 del decreto 2.686/93 que reglamenta a la LIM dispone que “[q]uienes realicen las actividades mineras que se indican en el artículo 5, inciso a) de la Ley Nº 24.196, a título de prestación de servicios para productores mineros, reuniendo las condiciones que fije la Autoridad de Aplicación, y los organismos públicos del sector, podrán inscribirse en el registro habilitado por aquélla, al solo efecto de acogerse a las disposiciones del artículo 21 de dicha ley”.
1. Normas nacionales
|
Norma |
Fecha
de publicación en el Boletín Oficial |
Comentario |
|
Resolución General
(AFIP) 1.693/04 |
23/06/2004 |
Eleva de $ 1.500 a $
5.000 el importe por el cual serán deducibles los créditos
morosos de escasa significación de las rentas de tercera categoría.
Será procedente cuando el importe total de cada crédito sea
inferior o igual a dicha suma, cualquiera sea la actividad
involucrada. Rige para los ejercicios comerciales que cierren a
partir del 24/6/04. |
|
Resolución General
(AFIP) 1.694/04 |
23/06/2004 |
Establece el nuevo
procedimiento que utilizarán las entidades financieras para
asignar -en forma previa a la apertura de una cuenta- la CDI a
personas físicas residentes en el exterior, que operen desde el
exterior y que no posean clave asignada por la AFIP. Este
mecanismo también podrá ser utilizado para efectuar consultas de
CUIT, CUIL o CDI. |
|
Resolución General
(AFIP) 1.696/04 |
29/06/2004 |
Modifica la RG 26/97
a fin de que los monotributistas puedan acceder al procedimiento
opcional de exportación, adecua el texto de la norma con vigencia
a partir del 1/7/04. Asimismo, reduce a u$s 3.500 el tope del
valor FOB, FOR o FOT de cada operación. |
2.
Normativa provincial
|
Provincia |
Norma
|
Fecha
de publicación en el Boletín Oficial |
Comentario |
Buenos
Aires
|
Disposición
normativa B 47/2004 |
Copia oficial –
emitida el 24/06/2004 |
Régimen de percepción
de tributos en actividades no convencionales. Establece un régimen
de percepción sobre las actividades de comercialización
mayorista o minorista de productos textiles, prendas de vestir,
calzado, golosinas, alimentos, fantasías, relojes, aparatos
electrónicos, etc., y/o la prestación de servicios gastronómicos,
realizados en áreas no convencionales (ferias, mercados o
similares), ubicadas en el territorio provincial. Dispone que actuarán
como agentes de percepción los administradores con relación a
los sujetos que realicen actividades en dichos predios, el monto
de la percepción será de $25 por mes calendario y por cada uno
de los puestos donde se realicen las actividades y la misma será
practicada en oportunidad de cobrar el alquiler, canon por la
utilización del puesto. El agente de percepción
tiene el deber de extender un comprobante de la percepción
efectuada mediante el formulario R-122 F ("Impuesto sobre los
Ingresos Brutos - Comprobante de percepción"), que deberá
ser exhibido por los sujetos percibidos en un lugar visible del
puesto que ocupa. También deberán cumplir la obligación de
pago, hasta el día 20 o inmediato posterior hábil del mes
siguiente a aquel en el que se efectuaron las percepciones, y
presentar la DD.JJ. mediante el "Sistema de Recaudación de
Impuesto sobre los Ingresos Brutos para Agentes de Recaudación". Los administradores
para actuar como agentes deberán inscribirse en la oficina de
Distrito que corresponda a su domicilio fiscal hasta el 20/8/04,
presentando el formulario R-518 V2 y denunciando e
individualizando los predios que administran. |
|
Disposición
normativa B 48/2004 |
Copia oficial –
emitida el 24/06/2004 |
Régimen de
facilidades de pago. Este nuevo plan de pagos establece la
posibilidad de regularizar, desde el 28/6/04 hasta el 30/9/04, las
deudas devengadas hasta el 31/12/03 y sus intereses y multas,
incluyendo las del artículo 50 de la Ley 12.397, consolidadas o
no, las intimadas o no, las provenientes de regímenes de
regularización posteriores al 1/1/00 caducos al 31/12/03, en
proceso de determinación o discusión administrativa, sus
anticipos, accesorios por mora, intereses punitorios y cualquiera
otra sanción. Se dispone la reducción
de intereses prevista en el artículo 75 del C.F. y la modalidad
de pago podrá realizarse al contado o en cuotas y la cuota no
podrá ser inferior a la suma de pesos $100.- El acogimiento al régimen
de regularización implica el conocimiento y aceptación de la
facultad de disponer la cesión del crédito fiscal a terceros. Se excluyen del régimen: a) La deuda de los
contribuyentes o responsables respecto de los cuales se haya
dictado sentencia penal condenatoria, por delitos que tengan
conexión con el incumplimiento de las obligaciones tributarias
que se pretenden regularizar. b) La deuda de los
agentes de recaudación por gravámenes que hayan omitido retener
y/o percibir, y las provenientes de retenciones y/o percepciones
efectuadas y no ingresadas. c) La deuda reclamada
mediante juicio de apremio y la verificada en concursos y
quiebras. |
|
Córdoba
|
Resolución Normativa
(DGR) 107/04 |
01/06/2004 |
Regularización
tributaria y facilidades de pago establecido por el decreto
444/04. En el mencionado régimen se podrán incluir las deudas
por los tributos y conceptos que se detallan: - Ingresos Brutos: Locales o Convenio
Multilateral: Declaración jurada anual 2003 y anteriores y hasta
anticipo 2°/2004. Monto Fijo: montos
fijos mensuales hasta el 2°/2004. Deudas
correspondientes a Agentes de Retención-Percepción, por las
retenciones y/o percepciones omitidas de practicar: hasta el
15/3/04. Deudas
correspondientes a Agentes de Recaudación, por las recaudaciones
omitidas de practicar: hasta el 25/3/04. - Sellos: Contribuyentes que
tributen por Declaración Jurada y Agentes de Retención-Percepción
(retenciones-percepciones omitidas de practicar) por los actos,
contratos u operaciones instrumentadas hasta el 15/3/04. Agentes de Retención
comprendidos en el Dec. 1436/80, por retenciones-percepciones
omitidas de practicar por actos, contratos u operaciones
instrumentadas hasta el 28/2/04. Registros Seccionales
del Automotor: por percepciones no practicadas hasta el día
26/3/04. Contribuyentes que no
tributen por Declaración Jurada: por todos los actos, contratos u
operaciones instrumentadas hasta el 10/3/04. También se
encuentran comprendidas las deudas en gestión de cobro o discusión
en sede administrativa, previo allanamiento del deudor y renuncia
a toda acción y derecho de repetición. Se podrá pagar de
contado o en cuotas y los formularios podrán emitirse accediendo
a la página Web del Gobierno de la Provincia (www.cba.gov.ar). |
|
San Luis |
Ley 5.630 |
28/05/2004 |
Exime del impuesto a
toda operatoria financiera y de seguro institucionalizada,
instrumentada a través de las entidades financieras, oficiales y
privadas comprendidas en la Ley 21.526, y compañías de seguros
encuadradas en la Ley 20.091, que se encuentren inscriptas en la
Dirección Provincial de Rentas, destinados a los sectores
agropecuario, industrial, minero y de la construcción. |
|
Corrientes |
Decreto 1.030/04 |
08/06/2004 |
Establece un régimen
de facilidades de pago para todos los tributos devengados con
anterioridad a la fecha de presentación del deudor, contribuyente
o responsable en concurso preventivo. Quienes obtuviesen la
homologación de acuerdos preventivos, originados en la tramitación
de concursos, podrán ingresar deudas relativas a todas las
obligaciones impositivas devengadas con anterioridad a la fecha de
presentación en concurso preventivo. También podrá acogerse el
contribuyente concursado y los acreedores y/o terceros interesados
en adquirir las acciones o cuotas representativas del capital
social de la empresa, conforme al procedimiento y limitaciones
previstos en el art. 48 de la ley 24522, una vez homologado el
mismo. Los créditos que se incluyan en el plan deberán ser
verificados y/o admisibles, inclusive en trámite de revisión o
verificados por vía incidental. Para los contribuyentes en juicio
de apremio o con deudas determinadas en fiscalizaciones establece
un régimen especial de pago, en tanto no provengan de
obligaciones impagas derivadas de la actuación como agentes de
recaudación. |
|
Decreto 1.029/04 |
09/06/2004 |
La presentación del
Certificado es un requisito obligatorio para la prestación de
bienes y/o servicios al Estado Provincial. Tendrá una validez de
180 días corridos a partir de su publicación en el B.O. Se
encuentran excluidos de la obligación de presentarlo, entre
otros, a las prestaciones de bienes o servicios cuando el monto de
las operaciones no supere la suma de $1500, a las empresas,
organismos o instituciones del Estado que provean bienes o
servicios entre sí y/o al Estado Provincial y cuando se trate de
actividades comprendidas en las excepciones del art. 123, inc. c)
puntos 1, 2, 3 y 4 del Código Fiscal, así como las exenciones
contempladas en el art. 134, inc. a), b), c), d), e), f), g), k) y
m). Rige a partir del 1/3/04. |
Para
mayor información sobre las novedades publicadas en esta edición, por
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25
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