Mediante la Resolución General Nº 2468[1], la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) ha dispuesto un nuevo sistema de comunicación de las reorganizaciones de empresas libre de impuestos contempladas en el artículo 77 de la Ley de Impuesto a las Ganancias.

Las comunicaciones que se efectúen con posterioridad al 1º de septiembre deberán cumplir con la nueva metodología implementada por la AFIP.

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Recientemente un plenario de la Cámara Federal de Córdoba[2] ha declarado la inconstitucionalidad de la prohibición del ajuste por inflación.

Para así dictaminar, los jueces entendieron que se obtienen recursos sobre ganancias solo aparentes y no reales sobre el capital del contribuyente, violentando principios como el de propiedad, equidad, igualdad y capacidad contributiva, y que las normas que impiden el ajuste por inflación resultan ilusorias ante la desaparición de la convertibilidad y el resurgimiento del fenómeno inflacionario.

Vale la pena recordar que la Ley de Convertibilidad (1991) puso punto final a este instituto; y que años más tarde con la Ley de Emergencia se volvió al fenómeno inflacionario manteniendo vigentes las normas que impedían la utilización del ajuste por inflación.

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[1] Cámara Laboral, Sala VIII, “Diaz Valdez, Carlos María c/ Avery Dennison de Argentina S.A. s/ despido”, 10/06/2008.

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Contratos de distribución. Para exigir indemnización no se debe incurrir en incumplimiento

En una demanda iniciada por un distribuidor reclamando el cobro de U$S 1.487.450,92 por los daños y perjuicios que había ocasionado la “resolución ilegítima, intempestiva, unilateral e infundada” de un contrato de distribución, la Sala D de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial rechazó el reclamo e hizo lugar a los argumentos planteados por la empresa demandada[2].

Al contestar la demanda, la empresa indicó que la resolución del contrato había obedecido a incumplimientos por parte del distribuidor en el pago de las mercaderías por él recibidas.

Por su parte, el distribuidor intentó rebatir esta posición afirmando que se había demorado en tales pagos por razones de fuerza mayor que le impidieron cumplir en tiempo y forma -las inundaciones en la ciudad de Colón, Entre Ríos-. Asimismo, agregó que dicho impedimento no le daba derecho a la demandada a dejar sin efecto el contrato sin previamente concederle un plazo razonable para cancelar los pagos.

Mientras el distribuidor insistía en que pese a dicho pacto la demandada debió como mínimo fijar un nuevo término de cumplimiento, la Cámara desestimó tal petición y sostuvo que, tal como se había establecido en el contrato, “la falta de cumplimiento sobre cualquiera de las obligaciones que se encuentren a cargo del distribuidor y, en especial, a aquellas relativas a la falta de pago en término de la mercadería adquirida, faculta a la empresa a rescindir la presente distribución de pleno derecho sin necesidad de interpelación judicial o extrajudicial previa”.

Los magistrados entendieron entonces que en los casos en que se establezca un pacto comisorio expreso, no es necesaria la interpelación previa al deudor fijando un plazo para que cumpla con su obligación -como sí sucede con el pacto tácito-, sino que basta con la simple notificación de la voluntad de resolver para que tal pacto produzca su efecto.

De tal modo, la Cámara enfatizó que si el actor incurrió en mora y preexistía un pacto comisorio expreso que previó las consecuencias de tal situación, no eran necesarias ni la interpelación previa fijando un plazo de cumplimiento, ni el preaviso razonable que sólo es exigible en la resolución unilateral sin causa.

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