Contratos de transferencia de tecnología. Avalan inscripción de prórroga con posterioridad a los pagos

Tanto el Tribunal Fiscal como la Cámara de Apelaciones[1] dieron la razón a un contribuyente que tomó la alícuota reducida del 28% al retener el Impuesto a las Ganancias sobre los pagos a beneficiarios del exterior realizados como consecuencia de un contrato de transferencia de tecnología.

El fisco había practicado un ajuste por considerar que los pagos se habían realizado luego de la presentación de los contratos a registro en el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI), y que la alícuota aplicable era la del 31,5%. Sin embargo, los tribunales entendieron que no se trató de un nuevo acuerdo, sino de una prórroga de un contrato original debidamente inscripto y decidieron a favor del contribuyente.

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Débitos y Créditos. Aporte de capital y cancelación de préstamo con fondos depositados en el exterior

Una empresa radicada en la Argentina consultó a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) si la transferencia bancaria efectuada de una cuenta del exterior -perteneciente a su accionista mayoritario- a una cuenta suya también en el exterior, con motivo de haberse resuelto un aumento de capital, resulta alcanzada por el Impuesto sobre los Créditos y Débitos Bancarios. Asimismo, la empresa extendió la inquietud a la posterior utilización de los fondos para cancelar un préstamo que posee fuera del país.

En este caso hay dos cuestiones centrales a tener en cuenta: (i) el aporte de capital vía transferencias bancarias en el exterior, y (ii) la cancelación de un préstamo financiero en el exterior utilizando los fondos anteriormente depositados en la cuenta bancaria del exterior.

Así, la AFIP[2] dictaminó que las transferencias bancarias efectuadas en el exterior vinculadas a un aporte de capital y a la cancelación de un préstamo, no tratan sobre actividades habituales de la empresa, y como los movimientos de fondos ocurren fuera del país, no corresponde la aplicación del tributo.

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Los contratos de transferencia de tecnología y las licencias de uso de software

El Fisco ajustó el Impuesto a las Ganancias de una sociedad al impugnar la deducción de intereses provenientes de pasivos contraídos para la adquisición del paquete accionario de otra empresa. Asimismo, objetó la deducción de las erogaciones vinculadas a un contrato de licencia de software suscripto con un proveedor del exterior, por cuanto dicho contrato no se había inscripto en el INPI. El Tribunal Fiscal de la Nación[3] confirmó la resolución fiscal.

En cuanto al primer tema, el argumento central del Fisco consistió en que los intereses no configuraban gastos necesarios para obtener, mantener y conservar las ganancias gravadas. El Tribunal Fiscal sostuvo que los gastos estaban destinados a la financiación de la inversión para la adquisición de acciones, títulos que no generan ganancias para la empresa sino para el accionista cuyo beneficio es el dividendo. En efecto, los préstamos no se aplicaron al desarrollo (expansión, modernización, tecnología) de la empresa adquirida.

Para decidir respecto de la impugnación de gastos y amortizaciones derivados de los contratos de licencia de uso de software, el Fisco se basó en que éstos implicaban una asistencia técnica brindada desde el exterior y, por ende, se tendrían que haber registrado ante el INPI para que las deducciones fueran procedentes. A estos fines, la AFIP consultó a dicho organismo y el INPI consideró que los contratos estarían alcanzados por la Ley de Transferencia de Tecnología en cuanto ésta contempla la adaptación de la base software comprometida más las tareas de implementación, instalación y capacitación.

El Tribunal Fiscal estimó que se trataba de un complejo sistema que es empleado y aplicado para concretar la actividad comercial en múltiples puntos de venta; es decir, para producir una actividad de comercialización de sus bienes que permita la multiplicidad de sus operaciones (y control de stock). En consecuencia, decidió que había transferencia de tecnología y que  por lo tanto el contrato debería haberse inscripto en el INPI.

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Operaciones con prestanombre

La AFIP determinó el Impuesto a las Ganancias y el Impuesto al Valor Agregado de un contribuyente por considerar que debían imputársele ciertas operaciones llevadas a cabo a nombre de una de sus empleadas.

Dicha resolución fue confirmada por el Tribunal Fiscal de la Nación[4] al sostener que el contribuyente era quien realmente explotaba el negocio no obstante la empleada era quien figuraba como propietaria de los mismos.  

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Realidad económica. Venta de inmueble por persona física atribuida a la sociedad

En un pronunciamiento reciente, el Tribunal Fiscal[5] revocó la resolución que había considerado que una venta realizada por una persona física socia de una SRL había sido en realidad llevada a cabo por la sociedad.

Así, el criterio fiscal se basa en la proximidad de la operación de compra y venta del inmueble en cuestión y en el ulterior depósito en la cuenta de la sociedad del cheque, entre otras cuestiones.

Por el contrario, el Tribunal Fiscal de la Nación concluyó que no correspondía aplicar el principio de la realidad económica unilateralmente a favor de uno solo de los sujetos de la relación tributaria, siendo necesaria la ponderación total de la conducta del sujeto que realmente había realizado la operación con fondos propios y a su nombre.

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